Washington. El poeta mexicano Javier Sicilia, al frente de una delegación de organizaciones de derechos humanos, denunció este jueves en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) la dramática situación de los desaparecidos y la impunidad en México.

"Nos pueden matar, nos pueden secuestrar, porque el grado de inseguridad es atroz. Nos pueden asesinar y nuestra muerte quedará impune", dijo Sicilia, quien encabeza el Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad, en una audiencia en la CIDH sobre seguridad ciudadana y derechos humanos en México.

"La justicia es decepción, la impunidad es la norma", expresó Sicilia, quien denunció que en México 98 por ciento de los crímenes quedan impunes.

Sicilia se ha convertido en una de las voces más visibles que reclaman un cambio en la estrategia antidrogas gubernamental y ha encabezado varias caravanas por México desde que su hijo, de 24 años, fuera asesinado en marzo pasado.

El movimiento de Sicilia contabiliza unos 10 mil desaparecidos desde 2006, cuando el presidente Felipe Calderón lanzó un operativo antidrogas en el que participan más de 50 mil militares, principalmente en el norte del país.

La pública pero autónoma Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) contabiliza más de 5 mil desapariciones.

"Póngale a cada uno de ellos rostro. Y detrás de ese rostro, el de hermanos, un padre, y multiplíquenlo. Vean esos rostros: esa es la realidad del país", señaló el poeta.

El gobierno necesita cambiar la estrategia de seguridad, que actualmente es "tremendamente violenta, con pocos resultados", dijo Sicilia. "Está diseñada para la seguridad de las instituciones y no de la seguridad ciudadana", acotó.

La procuraduría para atender a las víctimas, que comenzó a funcionar este mes, debe recibir "el presupuesto necesario que esté a la altura del dolor del país", dijo Sicilia.

En la audiencia participó Julia Alonso, madre de un joven desaparecido junto a tres amigos en enero de 2008. "Ya no encuentro forma de pedir dónde está mi hijo", señaló Alonso, antes de romper en llanto.

El comisionado de la CIDH, Rodrigo Escobar, afirmó que las desapariciones en México han creado "una verdadera tragedia humanitaria".

"No existe un mecanismo de búsqueda inmediata de personas desaparecidas", lamentó Escobar. "Mientras no se conozca la verdad, no va a haber justicia y una verdadera reconciliación", afirmó.

El gobierno mexicano defendió en la audiencia las iniciativas del gobierno del presidente Calderón para hacer frente a la violencia del crimen organizado, que ha dejado más de 45 mil muertes en casi cinco años, y paralelamente fomentar los derechos humanos.

"En México no hay una política de Estado para desaparecer personas", afirmó Felipe Zamora, subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación.

"En aquellos casos en que alguna autoridad esté involucrada, debe ser juzgada y castigada como cualquier otro delincuente que incurra en esa conducta", agregó Zamora.

La CIDH sostuvo también este jueves sendas audiencias sobre la situación en México de los inmigrantes y de los periodistas, víctimas frecuentes del crimen organizado, pero según las ONG, también de las fuerzas de seguridad del Estado.

Desde una visita de la CIDH a México a fines de julio para evaluar la situación de los inmigrantes que recorren ese país hacia Estados Unidos, éstos "siguen viviendo la tragedia (...) y sus defensores siguen enfrentando actos de hostigamiento", dijo Stephanie Brewer, de la organización Centro Prodh.

Unos 22 mil migrantes son secuestrados anualmente, dijo Brewer.

Los periodistas también siguen sufriendo agresiones, y este año 15 de ellos han sido asesinados, dijo Cynthia Cárdenas, de la organización Artículo 19.

México es considerado por la ONU el país más peligroso de América para la prensa, con unos 80 periodistas muertos y varios desaparecidos desde 2000.

"No hay la menor duda de un cambio importante en la aproximación al problema en los últimos meses, por lo menos en el último año, pero todavía no tenemos resultados", lamentó la relatora para la libertad de expresión de la CIDH, Catalina Botero.

Los representantes del Estado, por su parte, defendieron los avances en la protección de los migrantes y de los periodistas por parte del gobierno de Calderón, y se mostraron abiertos a seguir trabajando con la CIDH y las organizaciones no gubernamentales para continuar mejorando su situación.